El desvío de 265 millones de pesos

Río Turbio: el juez llamó a indagatoria a De Vido y le prohibió salir del país

El juez Luis Rodríguez llamó a indagatoria a Julio De Vido en la causa donde se lo acusa de malversación de fondos por $ 26.000 millones, dinero que durante el gobierno kirchnerista debía destinarse a la modernizaci&oac...

El juez Luis Rodríguez llamó a indagatoria a Julio De Vido en la causa donde se lo acusa de malversación de fondos por $ 26.000 millones, dinero que durante el gobierno kirchnerista debía destinarse a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El desvío de fondos en perjuicio del Estado se estimó en casi 265 millones de pesos.

El llamado a indagatoria incluye a 36 personas más imputadas en la causa, entre ellas a Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Federal. Además, ordenó la prohibición de salida del país para todos. No hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli de detener a los imputados y en caso del diputado del FpV, pedir su desafuero primero.

Después del pedido de la Sala II de revisar la determinación de no llamar a indagatoria tal como el 4 de julio solicitó el fiscal de la causa Carlos Stornelli, y después de una serie de medidas de prueba ordenadas durante estos meses, el juez Luis Rodríguez llamó a declarar a las 36 personas investigados en la causa por malversación de fondos, entre ellos Julio De Vido, a Roberto Baratta ex secretario de Coordinación y al ex responsable de minería, Jorge Mayoral, entre otros ex directivos de YCRT.

La ronda de indagatorias inicia el 3 de octubre con la indagatoria a Jaime Álvarez, ex funcionario de Planificación Federal y actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz. El último en presentarse ante el juez Rodríguez será Julio De Vido el 28 de noviembre.

Para los 36 imputados en la causa, el juez ordenó la prohibición de salida del país y que entreguen sus pasaportes en el juzgado donde además, deberán presentarse una vez al mes. Así, rechazó el pedido de detención al considerar que existen "otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo".

En la causa se investiga la malversación de 26.000 millones de pesos que el extinto ministerio de Planificación destinó durante el gobierno kirchnerista hacia YCRT. El desvío de fondos en perjuicio del erario público, se calcula en 265 millones de pesos.

Los fondos incluían los planes de modernización de la mina de Río Turbio, como también la construcción de la Usina Térmica que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) determinó que tuvo once modificaciones de costo incrementando su valor en un 98%. También se agregó la puesta en valor de un tren por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente.

En la denuncia inicial, se planteó que el estado del complejo minero es “incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobladas y tercerizadas para sortear los diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera ministerial respectiva”.

Las maniobras "de desvío de fondos" se realizaron por intermedio de diversos convenio de colaboración entre YCRT, la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en el sur.

El juez ordenó su intervención judicial a raíz de diversas irregularidades detectadas, al considerar que se trató de una triangulación contractual para "disponer de fondos públicos sorteando los diversos controles en materia de contratación”, generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional.

En este aspecto, se hizo un particular énfasis en el análisis las contrataciones y la posible "responsabilidad criminal de las numerosas personas intervinientes".

En este punto se investigan los posibles delitos derivados de diversos convenios marco de cooperación que se firmó entre YCRT, y la UTN para realizar capacitaciones que según la auditoría de la actual gestión "no se pudo corroborar que se hayan realizado". También, los convenios específicos entre la empresa minera y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la UTN.

En segundo lugar, se analizaron las contrataciones vinculadas al “Tren Histórico Eva Perón”. La obra demandó $ 442 millones y para su ejecución se firmaron 453 convenios en julio de 2014, entre el Ministerio de Planificación representado por Roberto Baratta, la Municipalidad de Río Turbio a cargo del actual diputado -representada Matías Mazu e intervino la FRSC, representada por el Decano Martín Goicoechea. Todos ellos deberán declarar.

El tren sólo funcionó el día de su inauguración unos pocos metros, fue en plena campaña electoral de Máximo y Alicia Kirchner.

El magistrado sostuvo que los contratos celebrados "no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes", y habrían sido "los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional". Por ejemplo se destinaron 1.892.209 de dólares para adquirir materiales para YCRT a través de una "contratación directa", como sostuvo la actual gestión en la denuncia.

Entre los manejos de fondos realizados por la Fundación y que fueron investigados por el juez Rodríguez, se señaló que a fines del año 2013 compró un inmueble en San Isidro que actualmente es alquilada percibiendo ingresos mensuales por esto. A su vez, "posee millonarias inversiones en productos bancarios y que emitió numerosos cheques a personas físicas que fueron cobrados por caja".

Todo esto representa, según la resolución "una actuación alejada de sus funciones sociales e imponen la necesidad de impedir su libre disposición por parte de personas que resultan imputadas en estas actuaciones". Inhibió así, sus bienes y congeló sus cuentas bancarias junto a la intervención en manos de la AFIP.

Fuente: Clarin

  • Fecha 11.09.2017
  • Sección Generales
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